Director de UNGRD salpica al senador Carlos Andrés Trujillo en escándalo de carrotanques
En un sorprendente giro, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, ha hecho graves acusaciones que vinculan a políticos con el escándalo de corrupción de carrotanques en La Guajira. En particular, Carrillo ha señalado al senador Carlos Andrés Trujillo como parte de este escándalo.
Carrillo ha cuestionado la autenticidad de los resultados electorales en Uribia, La Guajira, donde el senador Trujillo obtuvo 20,000 votos, a pesar de que su fuerza política se encuentra en Itagüí, departamento de Antioquia. Estas cifras han levantado sospechas sobre posibles irregularidades en las elecciones.
Además, Carrillo ha revelado que el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, ha afirmado que se utilizó dinero de la entidad para influir en las votaciones de las reformas del Gobierno en el Congreso. Según Pinilla, se repartió dinero en efectivo e incluso se entregó dinero al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Representantes.
Carrillo ha solicitado que la UNGRD sea reconocida como víctima en este proceso de corrupción. Además de los casos relacionados con los carrotanques, el director de la UNGRD ha afirmado que existen numerosos contratos sospechosos que también deben ser investigados.
En relación con este escándalo, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, también ha sido mencionado. Carrillo ha sugerido que Quintero tuvo un papel en la asignación de puestos y contratos dentro de la UNGRD, utilizando políticamente la entidad para favorecer intereses particulares.
Estas acusaciones han generado gran controversia y han puesto en tela de juicio la integridad de algunos políticos y la gestión de la UNGRD. Aunque no se han presentado pruebas concretas sobre la influencia de fondos de la UNGRD en la aprobación de la reforma a la salud en el Congreso, Carrillo ha dejado abierta la posibilidad de que esto pueda haber ocurrido.
Este escándalo de corrupción en la UNGRD representa un golpe significativo para la confianza en el sistema político y la gestión de entidades públicas. Ahora queda en manos de las autoridades competentes llevar a cabo las investigaciones correspondientes y tomar las medidas necesarias para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.
