


En el marco del estudio del informe de gestión presentado por la gerente de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, Sabrina Van Lenden Granados, el concejal Carlos Guerra reconoció los avances alcanzados por el hospital en materia de ampliación de cobertura, fortalecimiento de servicios y atención preventiva, aunque advirtió sobre retos financieros que, a su juicio, requieren seguimiento inmediato por parte de la administración.
Durante su intervención ante el Concejo Distrital de Cartagena, Guerra destacó la apertura y puesta en funcionamiento del Hospital de Canapote, el Hospital de Nelson Mandela y el Centro de Salud Dulcey Herrera, calificando estas acciones como una ampliación real de la capacidad instalada que durante años había sido reclamada por la corporación.
El cabildante también resaltó indicadores positivos reportados por la entidad, entre ellos el crecimiento del 5,9 % en consulta externa, el incremento del 16,9 % en las actividades de promoción y mantenimiento de la salud y el aumento del 38,8 % en los egresos hospitalarios.
Asimismo, destacó el fortalecimiento de la ruta cardiovascular y metabólica, con más del 71 % de pacientes hipertensos controlados, así como el aumento en las pruebas de detección temprana de cáncer de próstata y mama.
No obstante, el concejal aseguró que la principal preocupación se concentra en la ejecución presupuestal de la entidad. Según expuso, aunque el presupuesto definitivo de ingresos asciende a 203.961 millones de pesos, el recaudo efectivo alcanza únicamente el 55,58 %, mientras que los ingresos corrientes, correspondientes a la venta de servicios de salud, registran una ejecución de recaudo del 31,40 %.
Frente a este panorama, Guerra cuestionó la sostenibilidad financiera de la ESE y pidió claridad sobre las razones que explican la diferencia entre los recursos presupuestados, los efectivamente recaudados y los comprometidos.
De igual forma, advirtió que una baja ejecución presupuestal podría traducirse en retrasos para proveedores, afectaciones en el pago del personal de salud o demoras en procesos de contratación que terminen impactando la prestación de los servicios a la ciudadanía.
Al cierre de su intervención, Guerra reiteró que el control político debe garantizar no solo el crecimiento en cobertura y atención, sino también la sostenibilidad financiera de una entidad responsable de prestar un servicio público esencial.
“Esta corporación tiene la obligación constitucional y legal de hacer seguimiento riguroso a la ejecución del presupuesto. No basta con buenas intenciones ni con cifras de cobertura; la sostenibilidad financiera es la que garantiza que esos servicios sigan llegando a la gente”, concluyó.